Las necesidades de entender las condiciones actuales en las que se desarrollan los sistemas normativos de las sociedades occidentales implican un amplio conocimiento de las variables políticas, económicas, culturales y sociales que van moldeando la cultura punitiva contemporánea.
Las diversas manifestaciones delictivas que se han venido desarrollando durante las últimas décadas, particularmente a partir del fin de la Guerra Fría, así como los intereses que guían a las sociedades contemporáneas particularmente económicos, han provocado un amplio desborde de la criminalidad que hacen necesario que las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, especialmente aquellas dedicadas a la investigación y a la persecución del delito se actualicen no sólo en el ámbito de la dogmática jurídico penal, sino también en el ámbito de la investigación del delito a fin de reducir los ámbitos de impunidad.
Como es sabido algunas entidades de la República Mexicana pero especialmente el Estado de Chihuahua y en particular la Procuraduría General de Justicia de ese Estado se han impuesto como pioneros en la aplicación del juicio oral. Adicional a esto, las reformas constitucionales en materia penal hacen indispensable la formación y especialización de los servidores públicos involucrados en el procedimiento penal..
